¿Qué son las medidas de acción positiva?

Las medidas de acción positiva son estrategias orientadas a corregir desigualdades estructurales y garantizar el acceso equitativo a derechos y oportunidades. Funcionan estableciendo ciertos derechos a grupos desfavorecidos como pueden ser por ejemplo los cupos laborales o incentivos fiscales. El objetivo no es otorgar privilegios, sino compensar las desventajas históricas que ciertos grupos han enfrentado debido a razones de género, discapacidad, origen étnico, situación socioeconómica, entre otras.

En Argentina, la Constitución Nacional, en su artículo 75 inciso 23, establece la facultad del Congreso para dictar medidas de acción positiva en favor de grupos desfavorecidos, asegurando la igualdad real de oportunidades y de trato. Diversos organismos internacionales como la ONU y la OIT promueven las medidas de acción afirmativa como herramientas clave para la equidad y refuerzan esta perspectiva, así como marcos normativos nacionales como la Ley 25.674 de Cupo Femenino en Sindicatos, la Ley 27.636 de Cupo e Inclusión Laboral Travesti-Trans «Diana Sacayán-Lohana Berkins», y la Ley 24.714 de Asignaciones Familiares, que incorpora políticas para la protección de sectores en situación de vulnerabilidad.

Exploremos el caso del cupo laboral para personas con discapacidad, establecido en la Ley 22.431 y su Decreto Reglamentario 312/2010, que exige que al menos el 4% de los empleos en el sector público o en empresas prestadoras de servicios públicos sean ocupados por personas con discapacidad. Esta ley permite incentivar la contratación de personas con discapacidad en organismos públicos, como medida para contribuir a la problemática de la alta tasa de desempleo de esta población donde el 80% está sin trabajo debido principalmente a prejuicios y barreras de accesibilidad.

Sin estas herramientas y acciones, la brecha de acceso al trabajo formal sería incluso más compleja y se seguirán profundizando barreras estructurales y prejuicios. A pesar de la existencia de esta normativa, su cumplimiento sigue siendo un desafío en muchas provincias y organismos.

¿No es discriminación a la inversa?

Muchas veces se argumenta que se genera «discriminación inversa», pero ese razonamiento parte de la idea errónea de que todas las personas están en igualdad de condiciones. La realidad muestra que hay desigualdades históricas y barreras estructurales que impiden que ciertos grupos accedan a derechos y oportunidades en igualdad de condiciones, por lo que las medidas de acción positiva actúan promoviendo la equidad.

Las políticas de acción afirmativa han demostrado ser efectivas en la reducción de desigualdades y en la construcción de sociedades más justas. Garantizar condiciones equitativas de acceso no solo fortalece la democracia, sino que también mejora la diversidad y la innovación en distintos ámbitos sociales y laborales.

Desde Libertate nos interesa que se comprenda que las acciones afirmativas no son privilegios ni excepciones, sino herramientas necesarias para corregir desigualdades históricas y garantizar que todas las personas puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones.

Por supuesto, su implementación debe ir acompañada de otras políticas estructurales (educación, redistribución de recursos, cambio cultural), porque por sí solas no eliminan las desigualdades de raíz. Pero sin ellas, la supuesta «igualdad de oportunidades» sigue siendo solo un ideal formal y no una realidad efectiva.